Podrían devolver a FIDEPAZ terreno que Esthela Ponce intercambió por deuda

La Paz, Baja California Sur.- A petición de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Fidepaz el 13 de noviembre de 1997, durante el gobierno de Leonel de Cota Montaño (1996-1999), el XI Ayuntamiento de La Paz entregó un predio de 23 mil metros cuadrados con clave catastral 101-013-122-001 a favor de dicha asociación, dejando establecido que “el uso de suelo de la mencionada área sería exclusivamente para uso recreativo”, según se lee en el oficio emitido por esa administración.
Años después, en diciembre del 2014, la entonces presidenta municipal priísta, Esthela Ponce Beltrán, admitió que los regidores que integraban el Cabildo junto al ex síndico municipal, otorgaron una autorización especial para “utilizar terrenos” para la consolidación de algunas deudas, una vez que los bienes son para remediar los males y en ese momento era importante hacerlo para estabilización de las finanzas.
Ante la indignación de los vecinos, Ponce Beltrán trasladó dicho predio a un particular para “cubrir una deuda con una empresa”.
Debido a lo anterior, los diputados Diana Vonborstel y Marco Antonio Almendariz se reunieron con vecinos de este fraccionamiento y escucharon las demandas de que se les restituya el predio de uso común a los vecinos.
En busca de soluciones, los legisladores acordaron con el Alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega revisar la situación legal que guarda este predio, a lo que el Presidente Municipal de La Paz les dijo que quien recibió el bien en forma irregular “mantiene un proceso de amparo, el cual tenemos que esperar que se defina, pero nosotros como autoridad municipal estamos del lado de la legalidad y en sintonía con sus exigencias”.
Los diputados manifestaron su respaldo a los vecinos de Fidepaz en virtud de que en forma irregular se vendieron miles de metros cuadrados de áreas públicas a particulares en el anterior gobierno municipal”.
La representante del V Distrito dijo finalmente que hace una semana presentó una iniciativa de modificaciones a la Constitución del Estado y a diversas leyes para evitar que en el futuro la autoridad venda este tipo de patrimonio “que son propiedad de la comunidad, y que por ningún motivo deben de caer en manos de particulares”.