Legisladores locales aprueban la nueva Ley de Derechos Humanos para BCS

La Paz, BCS.- El Congreso del Estado aprobó hoy la nueva Ley de Derechos Humanos de Baja California Sur, misma que incorpora las modificaciones incluídas en la legislación nacional en el 2011 en las que se contemplan principios, mecanismos y procedimientos para las diversas entidades federativas.
Tras haber recibido el voto unánime, el dictamen presentado al pleno por el diputado Camilo Torres Mejía, presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el legislador dijo que dichas reformas amplían la gama de herramientas jurídicas que dan mayor certeza al ejercicio y protección de los derechos humanos a nivel nacional, subrayando que la nueva Ley dota de nuevas facultades legales la defensa de los derechos humanos y fortalece su autonomía “al establecer que no recibirá instrucciones de autoridad o servidor público alguno en el desempeño de sus atribuciones y tampoco los criterios de su personal estarán supeditados a autoridad alguna”.
El dictamen especifica que de acuerdo a las disposiciones que marca la Constitución del Estado se precisa cuáles son las obligaciones de las autoridades y el Estado respecto de los derechos humanos, “sin dejar lugar a dudas: todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes respectivas, tal como lo señala expresamente la Constitución General de la República y la del Estado de Baja California Sur”.
La nueva Ley amplía las atribuciones de la Comisión Estatal al darle facultades de solicitar a las autoridades competentes las medidas precautorias o cautelares necesarias para proteger los derechos de las personas, “especialmente cuando se encuentre en riesgo su integridad física; solicitar la intervención del Ministerio Público cuando por las indagatorias llevadas a cabo por la Comisión se presuma la comisión de un delito. Solicitar la intervención del Congreso del Estado a fin de que canalice las causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido recomendaciones, de modo que su intervención asegure la efectividad y cumplimiento de las mismas…”.
Contempla también acortar los tiempos para el actuar de la institución en el caso de que se presenten violaciones de los derechos humanos, protección dlae los datos de quien hace la queja, y la gratuidad de todo proceso que se inicie ante la Comisión.
Torres Mejía apuntó que para llegar al dictamen que fue votado por el pleno de diputados y diputadas se realizaron una serie de consultas a la sociedad sudcaliforniana, a estudiantes de las universidades de la entidad, al Colegio de Abogados, a organizaciones de la sociedad civil, a clubes de servicio, quienes en su momento aportaron propuestas que una vez analizadas fueron integradas al cuerpo de la nueva legislación. Señaló que el nuevo ordenamiento legal viene a sustituir al que se encontraba vigente desde hace 25 años en el estado.

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