Imparable incremento de la incidencia delictiva en nuestro país

Por Francisco RIVAS

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos advertido en diversas ocasiones sobre el incremento de la incidencia delictiva en nuestro país. Justamente, el mes pasado dimos a conocer los incrementos de la mayoría de los delitos de alto impacto al comparar el primer bimestre de 2017 con el mismo periodo de 2016. Sin embargo, en marzo la situación de seguridad se tornó aún compleja y delicada pues cada uno de los delitos de alto impacto incrementó.
Estos datos dejan al descubierto un escenario de ineficiencia de las autoridades, de rezago de las instituciones, de aumento de la violencia de los grupos delincuenciales y de una grave crisis de confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Marzo de 2017 será recordado como el mes en donde se llegó a 2 020 homicidios dolosos, la mayor cifra
alcanzada desde que en junio de 2011 se registraron 2 038. Asimismo, será señalado como el mes que tuvo uno de los mayores registros históricos de robo con violencia, de vehículo, a transeúnte y de violación.
La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.
Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.
Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.
Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos afirmar que el
primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.
El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:
• La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de determinados territorios.
• La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
• La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las finanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento,
5 infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
• La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.
• La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia.
Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.
Sin lugar a dudas, la información de incidencia delictiva de marzo de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad.
Cada vez se vuelve más difícil tener una visión fresca ante el cúmulo de repeticiones de acciones ineficaces e ineficientes que el Estado ha llevado a cabo en respuesta a la violencia.
Cada vez es más difícil decir algo nuevo sobre por qué estamos sumidos en esta crisis y cuáles son las posibles soluciones, en un escenario que se repite a sí mismo en acciones fallidas y resultados que incumplen.
Mientras el combate a la corrupción y lavado de dinero sea una simulación, mientras las autoridades no rindan cuentas de su actuar, mientras no se reconozca la profunda crisis institucional que se vive, y mientras no se cumpla cabalmente con lo que la ley manda, los mexicanos viviremos este escenario en el cual periódicamente nos preguntamos: ¿este fue el peor mes del sexenio?